En la Argentina, a esos aspectos se suman la elevada inflación
general y el impacto de las devaluaciones (por insumos con costos dolarizados).
Según la crítica de no pocos referentes del sector, algo que
agrava la situación local es que el tema no fue considerado en los últimos años
como estratégico para la política. Los efectos de una medicina que se encarece
no solo impactan en el sector privado, sino también en las obras sociales y en
el sistema público. De hecho, se advierte que la respuesta a cómo se lograrán y
se administrarán los recursos en un entorno de costos siempre crecientes debe
darse desde una estrategia integrada, que abarque a toda la población y que
tenga al Estado asumiéndose a sí mismo como garante principal de la atención.
El registro de amparos que abrió la Superintendencia de Servicios
de Salud, revela que solo las obras sociales tuvieron 3200 reclamos en 2017 (no
hay datos de las prepagas). Y la mayoría, según las autoridades, fue por
prestaciones de alto costo no cubiertas (en las que pacientes y familiares
ponen esperanzas). Un reciente caso en Córdoba es mirado con interés por las
empresas: un fallo dispuso que se cubra una medicación muy costosa ($19
millones), pero ordenó al Estado pagar el 90% y a la prepaga, el 10%.
El debate de fondo sobre cómo hacer frente de manera inclusiva y
equitativa a los costos de la salud, parece siempre postergado. Hay algunas
cuestiones ahora volcadas sobre la mesa, como la revisión del Plan Médico
Obligatorio (PMO), la habilitación de planes de cobertura parcial y la
implementación de coseguros (pagos de bolsillo por consulta).
A eso se suma la creación de una agencia evaluadora de
tecnologías, que se exprese respecto de si corresponden o no ciertas coberturas
(como voz no vinculante). El Gobierno ya propuso crear esta agencia, pero
incluyó el punto en la reforma laboral, y ahora está a las espera de una nueva
definición política.Y hay quienes recomiendan políticas como la de un seguro
para cubrir de manera universal las enfermedades de alto costo, mirando
experiencias como la de Uruguay.
Según fuentes de la superintendencia del área, hay un grupo de
trabajo integrado por ese organismo, el Ministerio de Salud y las prepagas, que
hoy revisa aspectos de la ley 26.682, aprobada en 2011 bajo el rechazo de las
entidades. De los encuentros podrían surgir medidas que apunten a las
reglamentaciones de esa normativa, o bien algún cambio más de fondo, con
impacto sobre un sector que tiene unos 6 millones de afiliados (se estima que
1,5 millones están por contratos directos y el resto, por triangulación de los
aportes a las obras sociales).
Cuestión de precios
En cuanto a las cuotas de los planes de salud, las normas
regulatorias establecieron un mecanismo por el cual las entidades deben pedir
autorización y justificar la necesidad de aumentos, a autorizar por el
Gobierno. "Se está hablando ahora de simplificar el proceso administrativo
y burocrático, porque el decreto reglamentario de la ley lo complejizó",
señala Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas
Integradas (Acami), que nuclea a entidades sin fines de lucro.
En el Gobierno hay quienes barajan la idea de dar libertad para
fijar precios, algo que no tendría mucha aceptación entre los actores del
sistema y que, además, requeriría una reforma legal difícil de conseguir.
Por lo pronto, y en lo que se refiere a la suba de este mes, la
resolución que la habilitó se refiere al alza de los costos generales. En el
sector admiten que el pedido de autorización respondió a que, por la alta
inflación de 2017, se activó la cláusula gatillo del convenio salarial firmado
con el sindicato de la sanidad. Así, a partir de enero, el salario básico de
una enfermera de piso, por ejemplo, pasa de $18.311 a $19.031 (el sector está
entre los de remuneraciones bajas).
La situación de los costos despertó conflictos internos en la
actividad, referidos a cómo se distribuye el dinero conseguido con las subas de
cuotas: los prestadores (clínicas y centros de atención) que no son propiedad
de las prepagas, se quejan porque las subas de aranceles que reciben de los
financiadores (prepagas) son hoy inferiores a lo que dicen necesitar y al nivel
de alza de cuotas de los planes de salud. Según Jorge Cherro, presidente de la
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), mientras que
entre marzo de 2017 y el mes pasado los costos crecieron 26,4%, los ingresos
subieron 17,8%. En Mendoza hubo en los últimos días una campaña de comunicación
a los pacientes respecto de esta situación.
Las clínicas están desde hace más de una década y media al amparo
de la emergencia sanitaria, prorrogada hasta 2019, que les permite no pagar
impuestos sin generar reclamos de la AFIP. El problema, claro, vendrá una vez
que termine esa protección y se calcule toda la deuda acumulada.
"Se ha compartido con los prestadores más de lo que se podía
ofrecer; estamos todos navegando con poca agua", señala Claudio
Belocopitt, presidente de Swiss Medical, una de las firmas líderes del sector
con doble rol: es financiadora y prestadora.
Lo más realista es esperar que se sigan pidiendo y autorizando
alzas de cuotas que hagan que, este año, vuelvan a superar la inflación
general, como en 2017. "Esto no se arregla con cuotas, porque hay un
límite de mercado", admite Magonza.
El PMO y los amparos
Bajo la gestión de Luis Scervino al frente de la Superintendencia
de Servicios de Salud (el antecesor de Sandro Taricco, actual funcionario), se
llamó a una licitación, por la cual hoy dos empresas trabajan en una revisión
de la canasta prestacional obligatoria de las obras sociales y las prepagas.
"Tenemos un PMO desactualizado y la consigna para el nuevo es que sea
financiable y que los jueces vean bien qué se cubre", apuntan desde el
área de Salud del Gobierno. La propuesta estaría lista, agregan, hacia mediados
de este año.
La preocupación por la judicialidad referida a la cobertura surge
tanto entre funcionarios como entre actores del sistema. Para Jorge Piva,
presidente de Medifé, la situación refleja el desentendimiento de larga data
del Estado respecto de su rol de garantizar el cuidado de salud y de ocuparse,
con alguna política concreta, de casos que pueden considerarse epidemias
sociales.
Piva destaca la novedad que trajo días atrás un fallo en Córdoba,
en la causa "Hermoza Vega, David y otro c/ Parque Salud" en la cual,
por un costo de $19,8 millones, el juez federal Miguel Vaca Narvaja resolvió
hacer cargo del pago del medicamento a la prepaga, pero solo en un 10%,
mientras que el 90% del monto debe ser afrontado por el Estado nacional.
"Es interesante que tanto en el fallo de primera como en el de segunda
instancia se indique que el garante del sistema es el Estado", afirma el
directivo, que señala como otro factor de preocupación a la suba de las tasas
de uso de los servicios.
En el sector hay expectativas por los efectos que podría tener la
proyectada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que tendría por
función (según la iniciativa oficial) analizar medicamentos y prácticas médicas
para definir su incorporación o su exclusión del PMO, y determinar cuál sería
el impacto económico y social (entre los temas sensibles del debate están la
definición sobre lo que es costo efectivo, y la repercusión en lo colectivo de
las decisiones sobre casos individuales). Frente a casos conflictivos "la
agencia sería no vinculante; actuaría como un auxiliar de la Justicia",
dice Piva.
Para Rubén Torres, exsuperintendente y actual rector de la
Universidad Isalud, hay al menos tres condiciones para que una agencia de ese
tipo sea útil: debe ser transparente, estar integrada por "5
Favaloros", que sean personas totalmente desprovistas de todo conflicto de
interés, y que gane credibilidad con el tiempo.
Más allá de la discusión judicial sobre las coberturas, hay
quienes recomiendan que se permita una oferta más amplia de contratos con los
asociados. "Para moderar estructuralmente el gasto hay que ir a planes
parciales", dice Jorge Colina, economista de Idesa especializado en temas
de economía y salud. Hoy se exige la venta del PMO completo, "pero no todo
el mundo lo necesita". La ley 26.682 autoriza contratos no integrales,
pero de manera muy limitada.
Torres se muestra a favor de esa opción. Pero advierte que los
planes parciales implicarían que, por las enfermedades no cubiertas en el
contrato adquirido, habrá que ir al sistema público. Aquí se llega a un punto
por el cual, se dice, debería comenzar una reformulación del sistema de salud:
el de considerar una solución integral, en la que el Estado tome su rol y
defina qué cobertura habrá para toda la población, más allá de la situación
social y laboral de cada quien.
"Querer arreglar como algo aislado el tema de la medicina
prepaga no sirve. El Estado tiene el rol de definir el plan nacional de salud y
el modelo de atención; es el primer responsable, pero durante muchos años miró
para otro lado", evalúa Magonza.
Las regulaciones
En la discusión por la ley de prepagas, uno de los puntos más
controvertidos fue el del artículo 10, que obliga a no rechazar afiliados con
enfermedades preexistentes, algo cuestionado por la imprevisibilidad que
provoca en el gasto de un sistema alimentado solo con las cuotas de quienes se
asocian. La normativa dispuso que el Gobierno debe aprobar, con cada pedido de
afiliación, qué cuota pueden cobrar las prepagas.
Según Magonza, sobre ese punto hoy se analiza la posibilidad de
establecer una tabla de valores según condiciones y edad del paciente, que haga
que no sea necesario el pedido de autorización para cobrarle un extra a quien
se afilia al momento de necesitar un tratamiento. Según el directivo, lo que
ocurrió en los últimos años fue que, al tramitarse pedidos y al no haber
respuesta de las autoridades, se ordenó afiliar con cuota plana hasta nuevo
aviso. "El nuevo aviso nunca llega y los costos los pagan los demás
afiliados", sostiene.
Otro factor regulatorio, agrega Belocopitt, es que debería
determinarse cómo se pagan las nuevas prácticas, sobre todo luego de que se
sumaron obligaciones con leyes que no previeron financiamiento. "Hay
drogas que tienen valores exorbitantes, y así el sistema no es sostenible",
señala.
Una medida aplicada en otros países para financiar tratamientos
costosos es la constitución de fondos especiales que, a manera de seguros, se
usan para enfermedades predeterminadas. Ocurre algo así en el sistema nacional
de obras sociales, con un fondo al que se deriva una parte del aporte y la
contribución del empleado y su empleador. En el segmento de las prepagas eso
nunca se implementó. Pero pagar las nuevas tecnologías y medicamentos por la
vía de cuotas, "se vuelve algo inalcanzable", sentencia Piva, que ve
con buenos ojos el Fondo Nacional de Recursos que tiene Uruguay.
"Un seguro nacional de enfermedades catastróficas, que
contemple la protección frente a las enfermedades más caras, debería definir
cómo tratarlas, con protocolos únicos para todos", evalúa Tobar. Y agrega
que debería ser función de este seguro contratar a los prestadores y comprar en
forma centralizada los medicamentos y las tecnologías de alto costo.
Leído en La Nación
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